Por: Sandra Dueñes Monárrez.
Chihuahua, Chih., a 13 de noviembre del 2023.- El fiscal Anticorrupción, Abelardo Valenzuela Holguín informó que luego de una investigación de alrededor de seis meses, el juez de control de Distrito Judicial Morelos otorgó la orden de aprehensión contra la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes, Cynthia Ceballos Delgado y la Secretaría de Ayuntamiento de ese municipio, Silvia Ivón Hernández Parra por el delito de peculado agravado.
Ceballos Delgado fue detenida el día de ayer cuando transitaba a bordo de su vehículo por la calle Juan Mata Ortíz, en la colonia Cento del municipio de Nuevo Casas Grandes, mientras que la secretaria del Ayuntamiento, Silvia Ivón Hernández Parra, se encuentra prófuga de la justicia, por lo que la Fiscalía Anticorrupción ya desplegó un operativo para detenerla.
Los delitos que se le imputan a ambas funcionarias se encuentran sustentados en una denuncia realizada por la sindica de Nuevo Casas Grandes, Venus Yadira Olmos Hernández a inicios del 2023, cuando denunció ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua a la alcadesa por presuntamente haber realizado contratos y adquisiciones irregulares que rebasaban más de 2 millones 198 mil 252.52 pesos.
Valenzual Holguín explicó en rueda de prensa que, la alcaldesa suscribió bajo contrato de compraventa un predio que abarca 342 metros cuadrados dentro del fondo del Municipio de Nuevo Casas Grandes sin antes llevar a cabo el procedimiento de incorporación del bien inmueble del régimen público municipal, por lo cual dicha denuncia que presentó la Auditoría Superior del Estado a la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Chihuahua y que refiere que la imputada incurrió en la comisión de conductas delictivas particularmente del delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.
En este sentido, el fiscal encontró que de los hechos atribuidos a ambas funcionarias públicas municipales se podrían desprender delitos de mayor penalidad y gravedad, sin embargo, hasta estos momentos solo se comprobó el delito de peculado agravado al haberse demostrado la venta irregular de al menos seis bienes inmuebles, cuya venta no fue autorizada por parte del Cabildo y el dinero obtenido por esos bienes tampoco ingreso a las arcas municipales.
De acuerdo a lo establecido en el artículo 270 del Código Penal del Estado, la alcadesa y quienes estuvieran involucrados en estos delitos, podrían pasar de seis a cuatro años de prisión ó su vez ser acreedores a una multa que alcanzaría los cincuenta a quinientos días multa. Sin embargo, cuando el monto del daño al erario bajo exceda de quinientas veces el valor diario de la Unidad de Medida se impondrán prisión de cuatro a doce años y de quinientos a dos mil días de multa.