Por: Sandra Dueñes Monárrez.
San Elías Repechike y Mogótavo, Chih., a 9 de octubre del 2021.- La Red por la Defensa de los Territorios en Tarahumara (Redeti) exige un alto a la criminalización de las comunidades indígenas que defienden sus territorios.
Lo anterior, derivado a lo sucedido en las audiencias a las que fueron citadas por la Juez de Control radicada en la ciudad de Cuauhtémoc a integrantes de las comunidades de Bosque de San Elías Repechike y Mogótavo.
Fue este lunes 4 de octubre cuando durante la audiencia programada para que el gobernador de Bosques de San Elías Repechike compareciera por presuntos cargos de robo de madera, fue cancelada debido a que el Ministerio Público se desistió.
Sin embargo, el pasado viernes minutos antes de las tres de la tarde, ordenándose el archivo de la carpeta, dicha acción no fue comunicada a los denunciados, por lo que la comunidad se tuvo que movilizar para estar en Cuauhtémoc a las 10 de la mañana debido a que un siríame o gobernador no actúa por decisión propia, actúa en función del mandato de su comunidad, junto con su comunidad, por lo tanto, no era una acción contra una persona, si no contra una comunidad entera, explicó Redeti.
Destacó que, en cuanto a la investigación en contra de integrantes de la comunidad de Mogótavo, la audiencia de control por la no imputación agendada a 1:30 de la tarde del mismo día, fue removida porque no había espacio en la agenda de la Juez, citándose nuevamente para la 1:30 del 7 de octubre.
Dichas acciones en conjunto por parte del Ministerio Público y de la Juez de Control, pudieron haber sido informadas con antelación, por lo que nos sigue preocupando el uso de estas instancias para cansar, criminalizar y distraer a las comunidades de su objetivo principal, generando costos innecesarios, aseveró Redeti.
En ese sentido, las organizaciones que integramos la Redeti anunciamos que estaremos al pendiente de la audiencia y hacemos un llamado a la ciudadanía de estar atentos a lo que suceda, esperando que sea declarada improcedente la acción penal que pretende despojar a la comunidad de su territorio ancestral.
Con un mediano análisis por parte de ministerios públicos y jueces, estas acciones tendrían que ser rechazadas de plano, pues consideran que estos hechos en los que se pretende utilizar al aparato de justicia penal para intereses ilegales e injustos.
Poniendo también en evidencia que los procesos jurídicos penales en el Estado de Chihuahua incumplen con la ley al no garantizar la pertinencia cultural en aspectos básicos como la pertenencia, en este caso de los denunciados, a un pueblo indígena que habla otra lengua, haciéndolos acudir a juzgados ubicados a kilómetros de su lugar de residencia, sin traductores; a enfrentar causas penales infundadas, con retraso y falta de traducción de las notificaciones y, más alarmante aún, sin tomar en cuenta la colectividad de los pueblos y la problemática de fondo que es la falta de reconocimiento de su territorio por parte del Estado.
El reconocimiento por parte del Estado mexicano, a través de entregar un documento que avale la propiedad de los territorios que habitan las comunidades indígenas, no ha sido impedimento para que las comunidades sigan reproduciendo la vida en sus territorios.
Sin embargo, se convierte en un problema cuando hay terceros que les disputan esta posesión y que les generan actos de molestia como lo son la explotación de sus bosques, la construcción de complejos turísticos, el intento de desalojo, el cercado de terrenos, el impedimento para construir espacios colectivos y servicios básicos, como en el caso de Mogótavo la instalación del agua, y en el caso de Repechike la instalación de un taller de costura, es entonces cuando las comunidades se ven forzadas e iniciar procesos jurídicos costosos, lentos, y sin un mecanismo legal idóneo por parte del Estado Mexicano para reconocerles el derecho a la propiedad de los territorios que habitan, entre estos costos, ahora son acusados de delincuentes, pero las comunidades seguirán resistiendo por su derecho al territorio, acusaron.